Ha transcurrido un año desde que se interpuso una denuncia por violencia sexual en contra de José Alfredo N., quien se desempeñaba como prefecto en la Escuela Secundaria Técnica No. 44 de Huamantla. La víctima, una menor de edad identificada con las iniciales L.Y.G.Z., tenía 12 años al momento de los hechos.

La denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación C.I. FG-AIHUAM-VG/36/2025, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Desde entonces, distintas instancias han emitido medidas de protección y acompañamiento; sin embargo, el señalado permanece en libertad.

Medidas emprendidas

De acuerdo con la documentación oficial que obra en poder de este medio, se han emitido las siguientes acciones:
• Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala: ordenó dictámenes médicos y psicológicos en materia de medicina forense para determinar afectaciones físicas y emocionales en la menor.
• DIF Municipal de Huamantla: solicitó atención psicológica inmediata y seguimiento al estado emocional de la víctima.
• Centro de Justicia para las Mujeres: gestionó órdenes de protección administrativa por hasta 60 días, prohibiendo intimidación o acercamiento del señalado y su familia.
• Escuela Secundaria Técnica No. 44: documentó en actas los primeros señalamientos de la alumna y reportó incidentes relacionados con hostigamientos posteriores.

Hostigamiento pese a órdenes de restricción

La madre de la menor, Karen N., ha denunciado que, a pesar de las órdenes de restricción, el hostigamiento continúa. Señala que los padres de la bibliotecaria —hija del señalado, quien actualmente labora en el plantel— acuden casi de manera diaria a la salida de la escuela, coincidiendo con el horario en que ella y su hija se retiran, lo que ha derivado en nuevos episodios de intimidación.

Además, asegura que ha enfrentado grabaciones indebidas y actos de acoso que han sido reportados ante las autoridades.

Un proceso detenido

Pese a las medidas emprendidas, el caso no ha derivado en sanciones efectivas. La madre acusa revictimización y lentitud en el proceso judicial, lo que mantiene a la menor en un entorno de inseguridad e incertidumbre.

“Mi hija merece justicia, merece vivir sin miedo. Han pasado meses y seguimos esperando que se actúe con firmeza contra quien le hizo daño”, declaró Karen N.

Exigencia social

El caso refleja las dificultades que enfrentan niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en Tlaxcala para acceder a una justicia pronta y efectiva. La familia exige que la carpeta de investigación avance y que el señalado enfrente las consecuencias legales correspondientes.