Los órganos autónomos en México también son producto de la lucha democrática: Lorenzo Córdova

La complejidad social obliga al Estado ir más allá de los tradicionales poderes para consolidar los pesos y contrapesos de una democracia 

El Consejero Presidente participó en el Foro Digital “Instituciones Autónomas de México”, organizado por el INAI 

Los organismos autónomos mexicanos son fruto del proceso de democratización que vivió nuestro país en al menos cuatro décadas, logrado con la participación, impulso y exigencia de muchas generaciones de ciudadanos y luchadores sociales, dijo el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. 

“Para decirlo con claridad, los organismos constitucionales autónomos son el resultado de la lucha ciudadana para ampliar su control sobre el ejercicio discrecional del poder político y democratizar el mismo”, agregó. 

Al participar en la presentación del cuadernillo “Autonomía de los órganos constitucionales”, en el marco del Foro Digital Instituciones Autónomas de México organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recordó que todas las funciones que hoy desempeñan estos organismos estaban concentradas en el Poder Ejecutivo, lo que explica que sean producto de la propia transición democrática.  

Córdova Vianello estimó que, ante la complejidad social y el grado de especialización de las funciones estatales resulta insuficiente limitar la división de poderes al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que estas instituciones especializadas potencian los pesos y contrapesos de la democracia constitucional.    

La autonomía que les concede la Constitución a estos organismos –dijo-, no puede entenderse ni asumirse como autarquía, pues son entes públicos del Estado que interactúan, colaboran, se coordinan y son vigilados por otras instancias e incluso entre ellos.  

Afirmó que la defensa de la autonomía de dichos organismos debe estar ligada a una revisión y discusión pública, como la que se tiene en estos momentos, para identificar las áreas de oportunidad que existen y en las que hay al menos dos desafíos. 

El primero, manifestó, radica en la necesidad de revisar y actualizar su diseño institucional para hacerlos menos complejos y más eficientes, en el caso del INE –precisó-, depende en gran medida de un abigarrado diseño legislativo que busca construir confianza. 

Para el INE, continuó, es fundamental el “trabajo cercano de nosotros con el Poder Legislativo, pero también con organizaciones sociales y con la ciudadanía en general para que cualquier cambio tome en consideración los distintos puntos de vista de una sociedad plural y compleja como la nuestra”. 

Finalmente resaltó que el segundo reto tiene que ver con la importancia de desplegar una tarea de pedagogía pública para tratar de explicar no sólo su existencia, sino la razón de ser y las tareas que desempeñan las instituciones autónomas.  

Los órganos autónomos surgen ante las necesidades de la ciudadanía

Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI subrayó la necesidad que prevalece en México de contar con autoridades que funcionen sin ningún tipo de interferencia o presiones políticas y económicas, para generar los contrapesos que contrarresten los poderes absolutos y eviten la concentración del poder en una sola persona u órgano.

Recordó que no fue el azar lo que dio lugar a la creación de cada uno de los organismos constitucionales autónomos que hoy existen, sino que, por el contrario, el origen debe ubicarse en una variedad de problemas profundos y reales de la sociedad.

Por ello estimó que el INAI es la garantía institucional de los derechos fundamentales a la información contrarrestando la opacidad que prevaleció durante mucho tiempo en el país, así como el derecho a la protección de datos personales.  

“El INAI no fue un capricho político, ni una ocurrencia, es el resultado de años de análisis, de reclamos sociales, pero también de voluntad política para reconocer que México necesita una institución que sea el puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno  para empoderar a las personas y permitir a las autoridades recobrar la confianza ciudadana lastimada por mucho tiempo”, agregó. 

Enrique Uribe Arzate, autor del texto comentado, refirió que junto a los tres poderes de gobierno que contempla el Estado para el desarrollo de funciones básicas, los órganos constitucionales autónomos contribuyen, con acciones técnicas altamente especializadas, a cubrir necesidades sociales. 

Los órganos autónomos son parte del Estado 

Por su parte, Julio Santaella Castell, Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI destacó el papel que tienen los organismos autónomos, parte del Estado mexicano más no del gobierno, para reducir los conflictos de interés, separar las decisiones técnicas de intereses políticos y generar contrapesos a los Poderes de la Unión. 

“Los organismos autónomos tienen un papel muy importante en la vida democrática, han contribuido al desarrollo de esta forma de gobierno y en términos de la información estadística, son muy importantes para la toma de decisiones, planear la política pública y fomentar la discusión entre los gobiernos y sus ciudadanos”, manifestó. 

Frente a ello expresó que la autonomía que le concede la Constitución al INEGI no sólo le dota de mayor fortaleza institucional, sino también de credibilidad, ya que se trabaja con criterios predominantemente técnicos y objetivos sin que haya interferencias políticas.

En su oportunidad,  Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la autonomía de estos órganos de Estado se da también ante los poderes privados, como en el caso de IFETEL y la COFECE, es decir, son autónomos de las lógicas del poder, de los intereses y de los sectores involucrados.

Ante ello, se pronunció a favor de la revisión de sus funciones que se plantea en el contexto político actual, aunque señaló que debe realizarse caso por caso y en función de sus méritos, de su desempeño y del cumplimiento de sus tareas, incluso desde la perspectiva de las facultades que les han sido conferidas.

“Una revisión permanente, responsable de los órganos constitucionales autónomos nos debe llevar por la senda de valorar cada uno y eventualmente, sin conculcarles su autonomía, realizar los ajustes normativos necesarios para que funcionen mejor de lo que ya lo hacen”, sentenció.

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