infotlax.com / Jorge Alcántara

Integrantes de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal alzaron la voz en rueda de prensa para aclarar que no se oponen a la modernización de su centro de trabajo, sino al manejo inconsistente y a la falta de transparencia que han prevalecido desde marzo de 2025, cuando el Gobierno del Estado anunció formalmente las obras. Encabezados por Antonio, vocero de la agrupación, los comerciantes denunciaron que a casi año y medio del compromiso inicial no se les ha presentado una carpeta técnica, un folio de registro presupuestal o un plan de ejecución formal, manteniéndolos en la incertidumbre sobre la permanencia de sus concesiones y la continuidad de su patrimonio familiar.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, los voceros desmintieron las versiones oficiales que los catalogan como opositores al desarrollo, exponiendo que el inmueble cuenta con más de 45 años de antigüedad y presenta serias deficiencias estructurales que requieren atención inmediata. Antonio y Fidel Angulis, representante del sector de carnicerías, enfatizaron la urgencia de arreglar techumbres, solucionar el colapso recurrente de los drenajes y reactivar la recolección periódica de desperdicios, señalando que el área del estacionamiento se ha transformado en un tiradero a cielo abierto debido a la falta de camiones recolectores y a la inacción del ayuntamiento municipal.

Los líderes de los comerciantes expusieron severas dudas respecto a la viabilidad financiera y al costo anunciado para los trabajos, el cual ascendería a más de 150 millones de pesos. Al respecto, cuestionaron el destino de los ingresos propios generados por el centro de abasto, calculados en cerca de 750 mil pesos anuales por concepto de refrendos de concesiones y más de seis millones de pesos provenientes de derechos de uso de sanitarios, estacionamiento y temporadas comerciales. De acuerdo con los declarantes, este recurso público no es fiscalizado con rigor ni reinvertido en el mantenimiento básico del inmueble, sospechando que se canaliza hacia campañas políticas y posicionamiento de imagen institucional.

Asimismo, la organización se deslindó categóricamente de supuestas negociaciones conducidas por actores ajenos al inmueble comercial —mencionando directamente a un dirigente del comercio informal identificado como Librado—, a quienes acusaron de pactar beneficios particulares con las autoridades municipales y estatales a espaldas del gremio. La Unión de Locatarios remarcó que las decisiones legítimas se toman de manera colectiva en asambleas ordinarias e integran a representantes de carnicerías, pollerías, verdulerías, fondas y cocinas, rechazando rotundamente la representatividad de personeros sin local que realizan conferencias a modo en espacios cerrados.

Frente al reiterado desinterés del gobierno estatal y del presidente municipal interino para entablar un diálogo institucional transparente, la representación de los locatarios acudió directamente a Palacio Nacional en la Ciudad de México para interponer un expediente documentado. En dicha entrega, presentaron pruebas de la desatención a sus peticiones, el incumplimiento al derecho de petición y la posible malversación de recursos públicos presupuestados, logrando que el Gobierno Federal estampara acuse de recibido e iniciara un folio de seguimiento especial para fiscalizar el estatus real de los fondos destinados a la obra.

Finalmente, el gremio de comerciantes reafirmó su disposición absoluta para colaborar en un proyecto de remodelación integral que sea funcional, ordenado y sustentado legalmente mediante contratos y garantías por escrito. Exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que dejen de usar el proyecto del mercado como botín de promoción política y demandaron la presentación inmediata de las reglas de operación, los planos ejecutivos y el calendario formal de licitación, advirtiendo que continuarán utilizando las vías legales e institucionales necesarias para defender la permanencia de su fuente de trabajo.